Once años después del brutal asesinato de los líderes ashéninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto (Ucayali), la justicia peruana ha dado un paso firme contra la impunidad. La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó la sentencia de 28 años y 3 meses de cárcel contra los madereros ilegales responsables del crimen, perpetrado el 1 de septiembre de 2014 en la frontera entre Perú y Brasil.
Los condenados son Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix. Tal como lo estableció la fiscalía, Estrada y Flores fueron identificados como autores mediatos, mientras que los hermanos Atachi actuaron como autores materiales. Además, la sala ordenó su inmediata reclusión penitenciaria.
La reparación civil también fue incrementada: de S/ 50 mil a S/ 100 mil por cada familia de los líderes asesinados, sumando un total de S/ 400 mil.
Voces de resistencia y dolor
Este fallo representa un avance, pero también evidencia la larga y dolorosa espera de las familias. Ergilia Rengifo López, viuda de Jorge Ríos, declaró con firmeza:
“Después de once años de dolor y espera, hoy sentimos que se ha avanzado para lograr justicia. Ahora esperamos que los sentenciados cumplan la condena”.
La abogada Rocío Trujillo Solís, representante legal de Edwin Chota, subrayó la importancia del fallo:
“Con este fallo, la sala confirma la responsabilidad de los sentenciados en el crimen de los líderes indígenas asesinados por defender los bosques y el ambiente, que son parte de su territorio. Esto genera un precedente para los otros casos de defensores indígenas y un mensaje de resistencia y esperanza frente a la impunidad”.
Esta sentencia marca el camino para los otros casos de hermanos indígenas que han sido asesinados por defender sus territorios. Son más de 35 defensores que han perdido la vida. Desde AIDESEP, seguiremos acompañando estos procesos para lograr justicia
Una lucha de más de una década
El asesinato de Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez ocurrió cuando viajaban hacia Brasil para participar en una asamblea contra la tala ilegal. Su muerte se convirtió en un símbolo de la violencia que enfrentan los defensores indígenas en el Perú.
Desde entonces, sus familias, organizaciones indígenas y aliados internacionales han enfrentado un largo camino judicial. Este nuevo fallo confirma lo dispuesto en primera instancia y envía un mensaje contundente frente a los crímenes contra defensores de la Amazonía.
Desde el Programa de Defensa de Defensores y Defensoras de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) expresamos nuestra solidaridad con las familias de Saweto y hacemos un llamado urgente al Estado peruano:
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Garantizar la plena ejecución de esta condena.
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Brindar protección efectiva a los defensores indígenas en riesgo.
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Asegurar justicia rápida y sin dilaciones para los más de 30 casos pendientes de líderes asesinados en los últimos años.
El caso Saweto no debe repetirse. La vida de los defensores indígenas es esencial para la protección de la Amazonía, de los bosques y de la biodiversidad global.