Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)
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Urge aplicar hoja de ruta para salvaguardar la vida de defensores y defensoras indígenas

Comunicaciones COICA

La puesta en marcha de una hoja de ruta para salvaguardar la vida de los defensores y defensoras indígenas fue el principal pedido que hicieron representantes de pueblos indígenas durante el conversatorio “Sinergias entre el Banco Mundial y el Acuerdo de Escazú”. Este fue organizado por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Atalaya (CORPIAA), con el soporte técnico de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).    

“Se debe activar una alerta temprana para todos los hermanos que son amenazados. Urge trabajar sobre una hoja de ruta crítica pues cada dos días un defensor o defensora es asesinado por defender sus bosques y animales. De esa forma habrá menos impactos (negativos) en la cuenca amazónica para salvaguardar la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos”, destacó Adolfo Chávez, Coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación de la COICA.

A pocos días de la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, a realizarse del 20 al 22 de abril en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, representantes de los pueblos indígenas amazónicos destacaron la importancia y necesidad de que el Banco Mundial incluya entre sus políticas sociales y ambientales las salvaguardas y derechos considerados en el Acuerdo de Escazú, porque es el primer tratado internacional que busca proteger a los defensores y defensoras indígenas de derechos humanos.

“El Banco Mundial tiene un marco muy alineado con el Acuerdo de Escazú, porque es un instrumento muy importante y nosotros queremos apoyar su implementación debido a que el artículo N°9 tiene que ver con la protección de defensores y defensoras de pueblos indígenas. Hemos iniciado un diálogo con CEPAL para el fortalecimiento de los sistemas nacionales y para el involucramiento de todos los actores como comunidades y organizaciones indígenas”, destacó Sofía de Abreu Ferreira, Coordinadora Regional y Especialista Líder de Desarrollo Social, Inclusión Social y Sostenibilidad del Banco Mundial.

“De la misma forma, la entidad internacional tiene procesos de asistencia técnica con los países (donde ejecuta alguna acción) para cumplir el Estándar 7, que es el estatus de Pueblos Indígenas”, destacó Dianna Pizarro, Coordinadora Global de Pueblos Indígenas del Banco Mundial.

Según fuentes oficiales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú (MINJUSDH) en el 2021 se denunciaron 21 casos de amenazas de muerte en la región de Ucayali. “Un estudio de campo realizado bajo el liderazgo de la Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU (2022), con el apoyo de PROPURUS y DAR, señala que existen al menos 113 comunidades en toda la región cuyas tierras o bosques están en riesgo. También, se identificó 56 pistas de aterrizaje clandestinas que han significado la pérdida de aproximadamente 7,432.96 hectáreas de bosques a consecuencia del narcotráfico”, enfatizó Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP.

Cabe destacar que el Estado peruano ha aprobado el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, publicado el 22 de abril de 2021, la cual -hasta el momento- no ha logrado detener la muerte y amenazas de defensores y defensoras indígenas. Algo que preocupa a los representantes de los pueblos y las comunidades indígenas.

“Pese a que pronto cumplirá un año desde su puesta en vigencia, se han incrementado los asesinatos de defensores y defensoras ambientales debido a la inacción del Estado peruano. No tenemos respaldo pese a las reuniones sostenidas con representantes del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. No hemos tenido avances significativos con nuestra agenda. Estamos en una situación complicada y difícil”, dijo Guimaraes.

Por ello, indicó que la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado peruano podría ser un reflejo de una clara voluntad política para emprender una lucha conjunta para la defensa de los derechos de los defensores y defensoras, más allá de iniciativas aisladas en el Ejecutivo, hacia una que involucre a las propias instituciones que administran justicia como el Ministerio Público a través de sus fiscalías especializadas (Ambientales y de Crimen Organizado) y el Poder Judicial.

En tanto, Leoncio Ugarte, a cargo de la coordinación del Plan de Inversión Forestal del Banco Mundial en Atalaya, ubicada en la Amazonía peruana (Proyecto de Inversión Pública N°2), informó que 150 comunidades se encuentran en diferentes estados de reconocimiento, saneamiento físico y legal, para detener el avance de la deforestación. “Es el primer proyecto aprobado por el Sistema Nacional de Inversión Pública, porque tenemos conocimiento de las graves amenazas que sufren dirigentes indígenas y por ello buscamos frenar actos ilícitos como tala ilegal y deforestación”.

Al respecto, Sintia Portocarrero Tamani, técnica y lideresa de CORPIAA, organización que representa a siete pueblos indígenas en Ucayali (Ashaninka, Yine, Yaminahua, Amawaka, Shipibo, Nahuas), destacó que uno de los pilares transversales de la implementación de los préstamos del Banco Mundial debe ser promover el acceso a la información y participación efectiva de los pueblos, tal como lo señala su política de acceso a la información.

“Los pueblos indígenas somos los actores principales en la conservación y manejo de los bosques por ende somos los más susceptibles y vulnerables a los efectos positivos e impactos negativos de la implementación de proyectos de inversión en el territorio. Se deben considerar tres puntos: La creación de condiciones que permitan la participación informada y efectiva de los pueblos indígenas, la incorporación del enfoque intercultural y de género en los espacios de socialización, e identificar procedimientos especiales para garantizar la participación de las mujeres indígenas”, dijo Sintia Portocarrero.

Finalmente, es importante destacar que las comunidades en muchos casos no suelen tener acceso a los documentos clave ni a los planes operativos de los proyectos. Por lo cual, los representantes de los pueblos indígenas esperan que el Banco Mundial profundice su acción y logre concretar los mecanismos dirigidos a proteger las vidas de defensores y defensoras de los derechos humanos.

El evento fue moderado por Nadino Calapucha, Coordinador técnico del Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas (PDDD) de la COICA, quien también hizo un llamado a los representantes del Banco Mundial para realizar acciones concretas en favor de los pueblos indígenas y que la hoja de ruta se articule con la iniciativa de COICA para que se amplíe la protección del 80% de la Amazonía hasta el 2025, considerando la Moción 129 aprobada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La organización del conversatorio “Sinergias entre el Banco Mundial y el Acuerdo de Escazú” contó con el apoyo de Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del proyecto Amazonía Indígena: Derechos y Recursos.