Desde mediados de 2023, la cuenca vive su peor sequía en 120 años y los incendios se multiplicaron en una lógica donde ambos fenómenos se retroalimentan. La evidencia científica confirma que el 26% de la Amazonía ya está deforestada o altamente degradada. Sin agua no hay vida. Los ríos son la garantía de seguridad alimentaria, hídrica, sanitaria y energética para poblaciones indígenas y no indígenas que habitamos la cuenca y para millones que se alimentan de nuestros productos en el mundo entero. Vivimos los síntomas de un punto de no retorno en varias regiones amazónicas, exacerbadas por políticas gubernamentales que habilitan una destrucción masiva y, una banca internacional que acumula las ganancias del colapso.
El punto de no retorno debe ser entendido como una metástasis o, en términos más científicos, una muerte regresiva de la Amazonía con profundas implicaciones a escala global. Nuestra región acumula con mayor rapidez elementos de inflexión en el sistema climático mundial. Sin embargo, un punto de no retorno puede tener dinámicas en cascada en el resto de ecosistemas del planeta. Los modelos ya han mostrado una ruta de propagación de teleconexión identificada entre la Amazonía y los ecosistemas de la meseta tibetana, el bosque boreal de la Antártida Occidental y la capa de hielo de la Antártida Occidental. Evitar la debacle es una tarea urgente de la humanidad.
El 10 de septiembre de 2021, en el Congreso de la IUCN en Marsella, 547 organizaciones de todo el mundo y 66 ministerios votaron a favor de la Moción 129 cuya razón de ser es evitar el punto de no retorno en la Amazonía protegiendo el 80% al 2025, hoy la Iniciativa “Amazonía por la Vida: protejamos 80% al 2025”. La misión de este llamado liderado por los pueblos indígenas amazónicos y sus aliados -científicos, activistas y organizaciones de la sociedad civil-, es frenar la trayectoria de destrucción del bosque más grande del planeta, que alberga no solo el 20% del agua dulce en la Tierra, sino a más de 500 pueblos indígenas y con ellos, los sistemas de conocimiento que han permitido mantener los ecosistemas y la mayor diversidad biocultural por milenios. El objetivo de la Iniciativa ha resonado en más de 1000 organizaciones en el mundo con las voces de 70 organizaciones indígenas, que al unísono han empujado resoluciones del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas (UNPFII), en la Declaración final de la Cumbre de Belén y en la adopción de la meta por el gobierno de Colombia.
La Iniciativa plantea soluciones palpables ya. En 2022, logró con todos sus aliados un objetivo que el movimiento ha perseguido tres décadas: integrar a los Territorios Indígenas como una categoría de conservación aparte dentro del Marco Global de Biodiversidad. Esta opción permite ya no hablar de una expansión de áreas protegidas como mecanismo único para lograr los objetivos globales, sino que implícitamente reconoce los derechos y territorios indígenas que albergan a 80% de la biodiversidad del planeta y el respeto a su gobernanza como una solución inmediata para mitigar el cambio climático. Los territorios indígenas son más del 20% del planeta y hoy por hoy, la oportunidad para una reconciliación histórica que ahonde además en resiliencia climática. Para los países plurinacionales, este mecanismo, les permite cumplir con las metas de forma inmediata y viabilizar flujos financieros para alcanzar sus objetivos climáticos como alternativa al extractivismo. La pregunta que queda pendiente, es ¿cómo hacemos para que esta política tenga el financiamiento que permita vivir con dignidad a los millones de indígenas que habitan estos territorios y no extorsionados ni desplazados por las industrias extractivas ni un conservacionismo ajeno a esta realidad?
Aunque mucho se ha hecho y los discursos llenan los titulares, faltan políticas contundentes pero sobre todo, la voluntad férrea de frenar la trayectoria por parte de gobiernos y corporaciones que siguen tratando de financiar, vender o concesionar bosques primarios para minas, agroindustria, tala o bloques petroleros, vender territorios de pueblos no contactados anunciando genocidios, territorios indígenas, áreas protegidas y otros ecosistemas claves para conectar la vida en la región, es lo que está en riesgo.
A principios de 2023, el Congreso peruano presentó un proyecto de ley para eliminar 13 reservas de 25 pueblos indígenas aislados cuyas reservas ya reconocidas cubren casi 9 millones de hectáreas de bosques primarios y reemplazarlas con 31 bloques petroleros (el proyecto de ley, después de una feroz oposición de los pueblos indígenas, fue archivado después de seis meses). En Bolivia, a principios de año, el gobierno aprobó 11 nuevos bloques petroleros en bosques primarios. Solo en el mes de octubre, se registraron cerca de 4.000 incendios en la Amazonía boliviana. En Brasil, la negativa del Ministerio de Medio Ambiente a aprobar bloques petroleros en la desembocadura del río Amazonas dio lugar a una respuesta agresiva del Congreso que eliminó las funciones de supervisión del Ministerio. Peor aún, un día después de la COP 28, el presidente Lula llevó a cabo la subasta petrolera más grande de la historia de su país que constaba de 602 lotes petroleros que como en Perú, significa abrir carreteras que cruzan territorios de pueblos no contactados, bosques primarios. En Ecuador, Eduardo Mendúa, dirigente de la CONAIE y firme opositor a la expansión petrolera, fue asesinado a tiros en su comunidad. Su muerte, sin embargo, no ha representado el fin de las operaciones petroleras en el Yasuní ITT, a pesar del referéndum donde los ecuatorianos dieron su mandato al gobierno para cerrarlas. En Colombia, durante el 2023 fueron asesinados un total de 181 líderes, lideresas y defensores, manteniéndolo como el país más peligroso del mundo para defender el medio ambiente y los derechos humanos. En todos los casos, la expansión extractiva amenaza y vulnera los derechos indígenas y humanos de los más de 500 pueblos amazónicos, así como de las comunidades locales y la integridad de los ecosistemas que son clave para la vida en el planeta.
Las consecuencias de no tomar medidas correctivas de forma inmediata ya están llevando a la región a un escenario apocalíptico. La Amazonía necesita líderes en la lucha para proteger la región y dotarla de seguridad alimentaria, hídrica, sanitaria y energética. Para la Iniciativa “Amazonía por la Vida: protejamos 80% al 2025”, la UICN no solo fue el inicio para trazar un camino que frene la destrucción, sino su casa y es por aquí por donde debemos iniciar el trabajo. Invitamos a todos los miembros de la UICN a sumarse a nuestro llamado para un pacto global para proteger la Amazonía.
Por Fany Kuiru, Coordinadora General de la COICA y Alicia Guzmán León, PhD., Directora Programa Amazonía de Stand,earth, ambas Co-coordinadoras de la Iniciativa “Amazonía por la Vida, protejamos 80% al 2025”.
