Desde el 7 de diciembre de 2022, la crisis social, política y humanitaria en Perú continúa, y con ella las denuncias por violaciones de derechos humanos y represión brutal en contra de manifestantes quienes ejercen su derecho legítimo a la protesta.
Las fuerzas públicas, tanto policiales y militares, continúan violando los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el Código de Conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Las cifras de asesinatos han aumentado a 53 fallecidos, siendo que 43 civiles murieron ejerciendo su derecho a la protesta, 9 civiles por accidentes de tránsito u otros hechos vinculados a la marcha, y 1 policía, y 722 personas heridas, de acuerdo al reporte diario de la Defensoría del Pueblo, con fecha del 19 de enero de 2023. También, se registraron 16 ataques a periodistas, reportados por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
Desde la COICA, a través de su Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas (PDDD), solicitamos al gobierno peruano lo siguiente:
- Exigimos el cese inmediato de los actos de violencia y violación de derechos humanos, represión brutal y uso desproporcionado y generalizado contra las y los manifestantes por parte de la fuerza policial y militar, así como la persecución judicial y obstaculización de los derechos de asistencia legal y debido proceso.
- Exhortamos a las autoridades peruanas, a Presidencia y Congreso del Perú, a garantizar el debido respeto a los derechos a la vida e integridad de las y los manifestantes que vienen ejerciendo su derecho a la protesta en todas las regiones del Perú.
- Exigimos al Gobierno peruano liderado por Dina Boluarte a admitir de forma pública la comisión de la violación de derechos humanos, como el derecho a la vida e integridad, de las y los manifestantes, y reconocer los actos de abusos de sus fuerzas policiales y militares presentes en diferentes regiones del país.
- Exigimos a las autoridades correspondientes a investigar, juzgar de forma imparcial y sancionar a los responsables mediatos e inmediatos de las más de los 43 civiles muertos en el marco de la marcha nacional.
Asimismo, exigimos a los organismos internacionales lo siguiente:
- Exhortamos al Consejo Permanente de la OEA, representado por el comisionado Stuardo Ralón, primer vicepresidente y relator para Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a analizar con imparcialidad la situación de violación de derechos humanos por parte de las fuerzas públicas del Perú.
- Exhortamos a la OEA, ONU y demás organismos internacionales a denunciar la responsabilidad internacional del Estado peruano por violar el derecho a la vida e integridad de los más de 43 manifestantes, por el uso desproporcional de la fuerza pública, y exigimos que se le condene públicamente.
La vida de nuestros hermanos esta en peligro, es urgente la intervención y solidaridad internacional.
Los líderes y lideresas de los nueve países de la cuenca amazónica, estaremos atentos y no vamos a permitir que se sigan vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo peruano.
¡La resistencia es la única vía, cuando el Estado no quiere escuchar al pueblo!