24 de marzo de 2022. Desde la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), a través de su Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas (PDDD), hacemos un llamado con carácter de urgencia al Estado peruano para que adopte acciones efectivas para el cese de la violencia contra hermanos y hermanas indígenas en la Amazonía peruana. Rechazamos y condenamos el asesinato de dos hermanos y una hermana indígena de los Pueblos Ashéninka y Yanesha en la provincia y distrito de Puerto Inca, región Huánuco – Perú, por parte de presuntos actores ilegales vinculados al narcotráfico y la minería ilegal en dicha región[1].
Estos hechos solo demuestran la falta de capacidad del Estado y la insuficiencia de su mecanismo intersectorial para dar respuesta rápida y efectiva a las alertas emitidas por los pueblos indígenas. Asimismo, estos hechos exponen a nuestro defensores y defensoras indígenas a una situación de alta vulnerabilidad e indefensión, donde aún en situación de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, se incrementan las muertes a causa de violencia por parte de agentes vinculados a las actividades ilegales que se imponen en sus territorios.
Frente a ello:
- Exigimos justicia para nuestra hermana y hermanos asesinados, que las autoridades competentes realicen una investigación efectiva y enjuiciamiento de los responsables de estos asesinatos con estricto respeto del debido proceso y de conformidad con los principios y derechos de los estándares internacionales de derechos humanos.
- Solicitamos al Estado peruano que brinde una reparación integral para las y los familiares de nuestra hermana y hermanos asesinados.
- Exhortamos al Estado peruano a elevar los mecanismos de control y fiscalización de las regiones con altos índices de violencia contra defensores y defensoras indígenas, como Huánuco y Ucayali.
- Exigimos a las autoridades competentes a implementar con urgencia acciones de investigación y erradicación de manera urgente de las actividades ilegales en territorios indígenas. Esto siempre con la coordinación y consentimiento de las autoridades indígenas de las comunidades que se vean afectadas.
- Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo de Perú para que pueda realizar una misión de verificación y seguimiento de las acciones adoptadas por las autoridades peruanas respecto de los casos mencionados.
Finalmente, y a puertas de la próxima Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, hacemos un llamado al Estado peruano a que gestione las medidas necesarias para impulsar la ratificación de este Acuerdo, pues representa una herramienta clave para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas e instrumentos jurídicos a favor de los derechos de los defensores y defensoras indígenas.
[1] Según lo reportado por Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca (Feconapia).