“Rechazamos y condenamos la violación de DDHH de nuestros hermanos y hermanas”
Desde la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA, a través de su Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas (PDDD), considerando que:
- Como es de conocimiento público, el día 25 de diciembre las organizaciones indígenas de Colombia[1] denunciaron la incursión de un grupo armado en la comunidad indígena Bellavista, ubicada dentro del Resguardo Predio Putumayo en la jurisdicción del Municipio de Leguízamo del departamento del Putumayo. Este grupo armado generó la masacre de 7 personas y un número desconocido de desaparecidos.
- Que estos hechos, a su vez, generaron el desplazamiento de 35 familias indígenas conformada por un aproximado de 120 personas entre adultos, mujeres, jóvenes, niños y niñas, así como la autoridad política y autoridad ancestral, quienes buscaron refugio a fin de salvaguardar sus vidas e integridad.
- Que, el Estado colombiano aún no ha realizado el levantamiento de los cuerpos de las víctimas, lo cual, además de denotar la falta de interés del gobierno por la vida de los pueblos indígenas y la integridad colectiva, se constituye como un riesgo de problemas sanitarios, así como un posible foco infeccioso.
RECHAZAMOS y CONDENAMOS la masacre cometida en contra de la comunidad indígena Bellavista del Putumayo en Colombia, y, DENUNCIAMOS frente a la opinión pública:
- La violación de los derechos individuales y colectivos de la comunidad indígena Bellavista del Resguardo Predio Putumayo. En específico la vulneración de los derechos a la vida de las 7 personas asesinadas, frente a lo cual el Estado colombiano tiene responsabilidad internacional al no tomar medidas frente a los grupos armados que invaden territorios de las comunidades indígenas, pues parte de su deber con este derecho es prever también aquellos supuestos de amenazas y situaciones de peligro para la vida que puedan ocasionar muertes[2]. Estas invasiones se vienen dando en Colombia de manera reiterada y frecuente ante la pasividad y permisividad del gobierno.
- La violación del derecho a la integridad de las personas desaparecidas, derecho consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que comprende tres dimensiones de integridad: física, psíquica y moral. Esta violación también se concreta por la falta de acción de las autoridades del Estado
colombiano para investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos de las personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas en los territorios indígenas.
- La vulneración de manera continua del derecho al territorio de la comunidad Bellavista, consagrado en los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, del cual el Estado colombiano es parte. El territorio indígena interconecta la espiritualidad, la cultura y los recursos naturales, y tiene el componente político del ejercicio de la autonomía y gobierno propio acorde a la cosmovisión de la comunidad, por lo que, al ser desplazados, las 120 personas no pueden ejercer ni administrar su territorio. Además, se vulnera el artículo 18 de dicho Convenio que establece el deber del Estado de prever sanciones contra toda intrusión no autorizada en territorios indígenas, como fue la invasión del grupo armado referido.
- La vulneración del derecho a no ser desplazado forzadamente dentro de un Estado, que, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace parte del derecho de circulación y de residencia consagrado por el artículo 22.1 de la Convención. Ello, a su vez vulnera el derecho a la identidad cultural, pues se afecta el vínculo con su cosmovisión, con su familia, con el idioma, y con su pasado y presente ancestral[3]. Este último vínculo estrecho entre el territorio y la cultura ha sido reconocido por dicha Corte en su jurisprudencia de manera reiterada. Cabe precisar, que para los niños y niñas indígenas esta vulneración se agrava al vulnerar su derecho a vivir de acuerdo con su propia cultura, entendiendo el desarrollo desde un enfoque holístico que aborda el desarrollo físico, cultural y espiritual[4].
- Finalmente, denunciamos la falta de una investigación eficaz para sancionar dichos hechos y la falta de diligencias por parte de las entidades del gobierno para detener y juzgar a los responsables de los asesinatos, desapariciones e invasión del territorio indígena. Así como la falta de reparación integral por los hechos de violencia y violación de derechos humanos de las personas y la comunidad indígena Bellavista. Por lo que el Estado colombiano está incumpliendo con el deber de debida diligencia[5], pues no ha agotado todos los medios posibles a su alcance y sin dilaciones para prevenir, investigar, juzgar y castigar la violencia ejercida el día 25 de diciembre.
Ante la evidente vulneración de derechos en la comunidad indígena de Bellevista, desde la COICA DEMANDAMOS:
- Al gobierno de Colombia, que realice una investigación efectiva y enjuiciamiento de los responsables de estos hechos de masacre y violencia contra la comunidad Bellavista y contra todas las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana en coordinación con las organizaciones indígenas representativas.
- Que, el gobierno establezca las medidas necesarias para el retorno digno y seguro de las 35 familias indígenas desplazadas, que sea acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos. Para lo cual, el Estado colombiano deberá
garantizar la participación plena de sus organizaciones representativas en las acciones de planificación y gestión para dicho regreso.
- A las autoridades colombianas competentes y con poder de decisión gestionar y otorgar una reparación integral correspondiente por la vulneración de todos los derechos, así como asegurar la no repetición de estos hechos de violencia y masacre en el país.
- A la Defensoría del Pueblo de Colombia, gestionar una misión de verificación y seguimiento de las acciones adoptadas por las autoridades colombianas respecto a la masacre contra la comunidad Bellavista.
Instamos a los organismos internacionales a priorizar acciones para la defensa de defensores y defensoras indígenas y reforzar la supervisión de la situación de violencia en la Amazonía colombiana, así como en los 9 países de la cuenca amazónica y exigir públicamente tolerancia cero ante la impunidad de hechos violentos y masacres generadas por parte de grupos armados, así como de otros actores, legales e ilegales.
Si no garantizamos el derecho a la vida de los pueblos indígenas, no podemos garantizar la protección de la Amazonía.
Amazonía viva, humanidad segura
Pronunciamiento
[1]La Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los Pueblos Indígenas del Municipio de Leguízamo y Alto Resguardo Predio Putumayo y la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP); organizaciones afiliadas a nuestra organización base la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).
[2] COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS (2003). Observación general N° 36 sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo al derecho a la vida, párrafo 6. En: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/GCArticle6_ SP.pdf
[3] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chitay Nechy otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de mayo de 2010.
[4] Ídem.
[5] COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS (2003). Observación general N° 36 sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo al derecho a la vida, párrafo 7. En: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/GCArticle6_ SP.pdf
