En plena crisis política en Perú y situación de vulneración de derechos humanos por parte de las fuerzas públicas en el marco de la protesta por el cierre del Congreso y la exigencia de adelanto de elecciones, el Congreso de la República pretende acelerar aprobaciones de proyectos de ley inconstitucionales que ponen en grave riesgo LA VIDA de los PUEBLOS INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL (PIACI), pueblos que por decisión propia o por presiones externas, mantienen un contacto limitado o simplemente nulo con la sociedad mayoritaria, y para quienes cualquier tipo de CONTACTO significaría un riesgo de muerte y una amenaza a la existencia misma de su pueblo.
Esta propuesta normativa es el PROYECTO DE LEY N° 3518/2022-CR que promueve el Genocidio de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), el mismo que es promovido por seis congresistas de FUERZA POPULAR, avalando así el Genocidio de más de 7,000 hermanos y hermanas PIACI. La misma que actualmente fue derivada de manera irregular a las Comisiones de Descentralización y de Cultura del Congreso de la República peruana, y no a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, quien es competente para emitir una opinión al respecto de acuerdo al marco jurídico y a los derechos de los pueblos indígenas.
La presentación de dicha propuesta normativa se justifica en dar solución al “problema” de limitación de la inversión y extracción de recursos naturales en la Amazonía. Así plantea un supuesto “poco rigor” del Ministerio de Cultura para crear y aprobar Reservas Indígenas (figura jurídica que reconoce la existencia y delimita el territorio de los PIACI) con informes que supuestamente “no evidencian científicamente su existencia; limitando innecesariamente el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en dichos territorios”, y, agrega, se impide la ejecución de proyectos de inversión pública o privada en la Amazonía. Es decir, nuevamente se impulsan propuestas para privilegiar intereses económicos, como la inversión extractiva, a costa de la vida de nuestros hermanos y hermanas PIACI.
Dicho proyecto de ley es inconstitucional e inconvencional al ir groseramente en contra del derecho a la vida y al no contacto de los PIACI de la Amazonía peruana, derechos consagrados en instrumentos y tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Estado peruano es parte. Al respecto, el derecho a la vida está consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y en el artículo 2.1 de la Constitución Política del Perú, y es un derecho fundamental pues “al no respetarse el derecho a la vida, todos los demás derechos desaparecen, puesto que se extingue su titular […] En esencia, este derecho comprende no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se generen condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna ”. Sin embargo, el PL 3518-2022-CR sí genera condiciones que no solo impedirán la existencia digna, sino que generará la muerte de nuestros hermanos y hermanas PIACI.
DENUNCIAMOS que este proyecto de ley tiene como objetivo principal DESAPARECER LA PROPIA EXISTENCIA DE LOS PIACI al pretender principalmente lo siguiente:
- Promueve el Genocidio y etnocidio de los PIACI al otorgar poderes a Gobiernos regionales para anular todas las reservas existentes creadas a favor de los PIACI, e inclusive el reconocimiento de la existencia de los PIACI y su delimitación territorial (Artículo 3 y Disposición Final Cuarta del PL 3518/2022-CR). Ello resulta muy grave y preocupante porque deja en manos de los Gobiernos regionales la decisión de respetar o no la vida de los PIACI, cuando los derechos humanos, y más aún el derecho a la vida, no deben depender de decisiones políticas con intereses visiblemente parcializados, más aún cuando es de conocimiento público la deslegitimación de algunos gobiernos regionales, como el Gobierno Regional de Loreto, región del congresista Jorge Alberto Morante Figari proponente de dicho proyecto. Así como la promoción de campañas desinformativas en contra de la existencia y los derechos de los PIACI en dicha región; grupos que, además, pretenden debilitar y derogar la Ley PIACI. Esto además significa que los Gobiernos regionales serían facultados con un doble rol de juez y parte al ser quienes decidan, por un lado, sobre la determinación jurídica de la existencia y delimitación territorial de los PIACI, y, por otro lado, sobre el otorgamiento de concesiones forestales y firma de contratos económicos. Siendo que a la fecha se tiene conocimiento de la existencia de 95 concesiones forestales vigentes, de las cuales 82 se superponen a las solicitudes de Reserva Indígena, y 13 colindan con las mismas. Violando también la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que establece que no se debe otorgar títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre en las áreas en trámite para el establecimiento de reservas territoriales para los PIACI.
- Promueve el contacto de PIACI al exigir aplicación de tecnologías y supuesto “rigor científico” para realizar actos de intromisión en territorios indígenas y violación del principio internacional de No Contacto como garantía de la vida e integridad de los PIACI (Artículo 3 del PL 3518/2022-CR).
- Elimina la participación de organizaciones representativas de los pueblos indígenas en el proceso de reconocimiento y categorización de reservas indígenas, vulnerando flagrantemente el derecho a la participación de los pueblos indígenas consagrado en los artículos 7.1, 6.1.b y 2.1 del Convenio 169 de la OIT, tratado de derechos humanos ratificado por el Estado peruano y vigente dese el año 1995.
- Se deja en situación de desprotección a los PIACI que viven en territorios aún no reconocidos y en proceso de reconocimiento y categorización, pues se pretende suspender toda acción vinculada al reconocimiento de la existencia de PIACI y la creación de reservas indígenas (Quinta Disposición Final del PL 3518/2022-CR).
Todo ello traerá como consecuencia el Genocidio de más de 7,000 hermanos y hermanas PIACI, y con ello la extinción de al menos 20 pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial del Perú. Además, implicaría el retroceso en materia de derechos humanos de los PIACI en Perú e incumplimiento de normativa internacional de protección de estos pueblos que acarreará la responsabilidad internacional del Estado peruano y responsabilidad penal de las y los funcionarios promotores de este proyecto.
Es por eso que desde la COICA exigimos a la Comisión de Descentralización del Congreso de la República del Perú a OBSERVAR el Proyecto de Ley N° 3518/2022-CR y a su ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO, bajo responsabilidad internacional del Estado peruano por violar el derecho a la vida, al no contacto (libre determinación), integridad, territorios y demás derechos consagrados por el derecho internacional e instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, las Directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la región amazónica de Naciones Unidas; así como el derecho nacional, como la Constitución Política del Perú, Ley N° 28736 (Ley PIACI) y su reglamento, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley del MOF Ministerio de Cultura, entre otros.
Desde la COICA respaldamos las denuncias realizadas por nuestra organización base AIDESEP y las organizaciones regionales, por lo que estaremos vigilantes del archivamiento de este proyecto de ley y sumaremos esfuerzos en las acciones correspondientes a fin de garantizar la vida e integridad de nuestros hermanos y hermanas PIACI.
Finalmente, hacemos un llamado a las organizaciones nacionales peruanas, organizaciones internacionales, sociales, organismos internacionales de derechos humanos y a la opinión pública en general a pronunciarse y solidarizarse en defensa de la vida e integridad de los PIACI de la Amazonía peruana.