A partir de la destitución del ex presidente de Perú Pedro Castillo y frente a la juramentación de Dina Boluarte como Presidenta del Perú, el pueblo peruano empezó movilizaciones a nivel nacional. Desde el pasado 08 de diciembre la protesta se ha intensificado en diferentes regiones del Perú y con esto la estigmatización, criminalización y represión brutal por parte de los agentes policiales.
El gobierno peruano, a través del ministro de Defensa Luis Alberto Otárola, ha tomado la decisión el día de hoy de declarar el estado de emergencia en todo el país durante 30 días, decisión que será oficializada a través de una resolución de estado en las próximas horas. Esta declaratoria de emergencia solo agravará las situaciones de riesgo de violaciones a los derechos humanos en el país.
Con esto el gobierno ha restringido y suspendendido el ejercicio de algunos derechos ciudadanos fundamentales reconocidos por la Constitución peruana, tales como el derecho a la libertad de reunión, inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad y seguridad personales, entre otros. Y ha estigmatizado a los manifestantes, pues viene tildando a manifestantes como personas cercanas a “terroristas” o que representan a “grupos ilegales, y ha criminalizado la protesta con uso desproporcionada de la fuerza y violencia brutal, e incluso anuncios o pedidos de represión violenta por parte de funcionarios del gobierno y el congreso de la república.
Resultado de esto, hasta el momento se reportan 8 fallecidos en el marco de la protesta, y cientos de personas heridas durante las manifestaciones debido al uso excesivo de la fuerza; por lo tanto, desde la COICA instamos a los organismos internacionales, organismos de derechos humanos, que estén a atentos a este procesos de criminalización de la lucha social en Perú, y que activen los mecanismos de veeduría frente al accionar del gobierno peruano.
Además, ante la gravedad de la situación EXHORTAMOS al Estado peruano a lo siguiente:
- Que cese de forma inmediata el uso de la fuerza desproporcionada y represión brutal contra las y los manifestantes, y en específico el cese de violencia y persecución judicial. Así como la prohibición urgente del uso de armas letales y proyectiles que puedan vulnerar la vida, integridad y salud de las y los manifestantes.
- Que se escuche y respete las demandas ciudadanas de convocatoria excepcional a elecciones generales, por parte de la presidenta Dina Boluarte, en articulación con el Congreso de la República.
- Que se investigue de forma imparcial sobre las violaciones de derechos humanos y las muertes de las 8 personas fallecidas en el marco de la protesta.
Desde al COICA insistimos a los organismos internacionales que vigilen los actos de violencia que están ocurriendo en Perú y que continúen los esfuerzos para definir una misión de visita al país, a fin de investigar todos los hechos de violencia que se han ido incrementando progresivamente.
La vida de nuestros hermanos esta en peligro, es urgente la intervención y solidaridad internacional.
Los líderes y lideresas de los nueve países de la cuenca amazónica, estaremos atentos y no vamos a permitir que se sigan vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo peruano.
¡La resistencia es la única vía, cuando el Estado no quiere escuchar al pueblo!