25N: Violencia de género y la lucha de las mujeres indígenas frente a la exclusión social
La violencia ha sido, históricamente, una herramienta de opresión y control. Desde el uso del poder físico hasta el abuso psicológico, ha permeado todas las sociedades. Cada 25 de noviembre, las mujeres del mundo hacen un llamado a unirse en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha establecida en 1999 por las Naciones Unidas para visibilizar y combatir una de las formas más extendidas de violación de derechos humanos. Sin embargo, este día va mas allá de la movilización o la reflexión; debe ser un compromiso sostenido, una exigencia de cambio que interpele a todos los sectores sociales.
En la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, se trazó un camino para que las políticas mundiales se encaminaran hacia la igualdad de género. Este documento no solo identificó la violencia contra la mujer como un obstáculo insuperable para el desarrollo sostenible, sino que urgió a los Estados a implementar mecanismos efectivos para erradicarla. De cara a su trigésimo aniversario en 2025, los gobiernos deben rendir cuentas sobre los compromisos asumidos. La pregunta no es si se han firmado acuerdos, sino cómo estos se traducen en acciones concretas, especialmente en territorios donde las mujeres indígenas enfrentan violencia sistémica.
En los márgenes del mundo moderno, donde el racismo y el colonialismo han construido barreras casi impenetrables, las mujeres indígenas cargan con un peso desproporcionado. No solo enfrentan los impactos de la violencia de género, sino también las heridas de un sistema que las despoja de sus tierras, sus lenguas y su dignidad. La violencia contra el territorio es un reflejo cruel de la violencia ejercida sobre los cuerpos de las mujeres indígenas. Así como la tierra es invadida, saqueada y despojada sin consentimiento, los cuerpos de las mujeres son vulnerados, convertidos en escenarios de dominación. Al igual que en la naturaleza, el cuerpo femenino es violentado por sistemas que niegan su dignidad y autonomía. En ambos casos, la violación no es solo física: es cultural, espiritual y política, un intento de someter lo que se percibe como sagrado. En la selva, los megaproyectos extractivos multiplican los riesgos. Desde violencia sexual hasta desplazamientos forzados, las cifras son alarmantes. En Perú, por ejemplo, más de 500 niñas indígenas han denunciado abusos sexuales por parte de sus propios maestros desde 2010, un crimen que no solo destruye a las víctimas y que amenaza el tejido comunitario.
La violencia contra las mujeres en la Amazonía no puede ser entendida sin reconocer el contexto más amplio de explotación que se vive en el territorio. Esta violencia se entrelaza con las políticas extractivistas que despojan a las comunidades indígenas de sus recursos y, al mismo tiempo, perpetúan una lógica de dominación sobre los cuerpos, las lenguas y las culturas, no solo destruyen la naturaleza, sino que también afectan la cohesión social y económica de las comunidades, generando una creciente vulnerabilidad para las mujeres indígenas. En muchas comunidades, el extractivismo y las grandes corporaciones que operan en los territorios han alterado también las relaciones de poder. La imposición de proyectos extractivos por parte de los gobiernos y las empresas ha agravado las desigualdades de género, lo que ha generado nuevas formas de violencia contra las mujeres, quienes se ven desplazadas, explotadas y olvidadas por los sistemas de justicia. En territorios donde los derechos de las mujeres ya eran vulnerados, el extractivismo ha incrementado la violencia física y económica, convirtiendo a las mujeres en blanco fácil de agresiones.
En este panorama sombrío, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) estos últimos años ha logrado un importante objetivo en pro de la lucha de las mujeres indígenas por ocupar espacios históricamente negados, por primera vez en 40 años, una mujer, Fany Kuiru, lidera la organización. Esta elección no es solo simbólica; representa la resistencia y el compromiso de todas las mujeres que le han acompañado en el proceso, entendiendo la importancia de posicionar voces femeninas dentro espacios de decisiones. Sin embargo, incluso dentro de este marco, Fany ha enfrentado violencia de género, una realidad que muestra la necesidad urgente de proteger a las líderes indígenas de amenazas y ataques sistemáticos.
Los Estados y las corporaciones: ¿dónde están los compromisos?
La violencia contra las mujeres indígenas no es un problema aislado; está arraigada en sistemas de poder que perpetúan la impunidad y la exclusión. Los Estados deben garantizar recursos financieros para estrategias nacionales que combatan esta violencia, pero también deben exigir rendición de cuentas a las corporaciones que operan en territorios indígenas. Los proyectos extractivos no solo devastan el medio ambiente, sino que también exacerban los riesgos de violencia sexual y económica para las mujeres locales.
Es imperativo que los fondos destinados a los derechos de las mujeres sean dirigidos hacia proyectos que empoderen a las comunidades en sus propios términos, respetando sus conocimientos y prácticas tradicionales. La autonomía económica, política y cultural de las mujeres indígenas es fundamental para romper el ciclo de violencia y exclusión que se perpetúa generación tras generación. Sin este enfoque, las promesas seguirán siendo vacías, y las mujeres indígenas continuarán siendo silenciadas.
En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hacemos un llamado urgente a la comunidad global, a los gobiernos y a las corporaciones para que actúen con responsabilidad y respeto hacia las comunidades indígenas, no basta con firmar acuerdos o emitir declaraciones; necesitamos que esos compromisos se traduzcan en acciones concretas. Es momento de que la violencia contra las mujeres deje de ser ignorada y minimizada. Es hora de que los pueblos indígenas, especialmente las mujeres, sean escuchadas y respetadas. Nuestra lucha es por la vida, por la justicia y por la autonomía de nuestras comunidades.