El Día de la Resistencia Indígena recuerda una lucha que sigue vigente. Más de cinco siglos después de la llegada de la colonización a América los pueblos indígenas continúan enfrentando amenazas que ponen en riesgo sus territorios, sus culturas y su permanencia. Cambian los actores, los discursos y las tecnologías, pero persiste una lógica que considera a la naturaleza una fuente de riqueza disponible para su explotación y a quienes la habitan un obstáculo para acceder a ella.
Para la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), este 12 de octubre es una oportunidad para reafirmar que la resistencia indígena también es organización, autogobierno y construcción de futuro. Defender el territorio significa proteger las condiciones que permiten vivir como pueblos: el agua, los alimentos, los conocimientos, la espiritualidad y la posibilidad de transmitir una identidad a las siguientes generaciones.
Resistir frente a nuevas formas de despojo
América Latina atraviesa una reconfiguración política marcada por el avance de gobiernos y fuerzas de derecha, aunque con diferencias entre países. Este escenario exige una vigilancia permanente sobre las decisiones que afectan los derechos colectivos, la protección ambiental y la participación de los pueblos indígenas.
Desde los territorios, la preocupación se concentra en políticas que privilegian la expansión extractiva y subordinan los derechos a las promesas de inversión. Cuando se busca acelerar proyectos sin garantizar una participación efectiva, debilitar controles ambientales o presentar la defensa territorial como un impedimento para el desarrollo, se profundizan las condiciones del conflicto.
La responsabilidad de los Estados debe exigirse independientemente de su orientación política. Ningún gobierno debería disponer del futuro de los territorios indígenas desconociendo a los pueblos que los habitan.
El despojo tampoco comienza únicamente con un desplazamiento físico. Puede avanzar cuando se contamina un río, se destruyen espacios de alimentación, se amenaza a las autoridades comunitarias o se impide ejercer el gobierno propio. Permanecer en el territorio requiere condiciones para vivir con dignidad y seguridad.
Minerales críticos y tierras raras: una transición que debe respetar derechos
La creciente demanda de minerales para la transición energética y el desarrollo tecnológico añade nuevas presiones sobre los territorios. La ONU ha advertido que, sin una gestión adecuada, esta demanda puede agravar los impactos ambientales y sociales, afectar los medios de vida y profundizar vulneraciones de derechos humanos.
La discusión sobre minerales críticos y tierras raras debe incluir una pregunta fundamental: ¿quién asume los costos territoriales, sociales y culturales de su extracción?
El Monitor de Minerales de Transición del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos registró 97 denuncias de abusos vinculadas con la extracción de estos minerales en Sudamérica durante 2025. Entre los problemas reportados figuran afectaciones al agua, contaminación, consultas insuficientes, falta de consentimiento y ataques contra personas defensoras. Se trata de denuncias recopiladas por el monitor, no de sentencias judiciales.
Una transición energética justa debe impedir que se reproduzcan las mismas relaciones de despojo que históricamente han afectado a los pueblos indígenas. No puede medirse solamente por las emisiones que se reducen: también debe evaluarse por los derechos que respeta, los ecosistemas que protege y las decisiones comunitarias que reconoce.
Defender la Amazonía sigue costando vidas
La violencia contra quienes defienden el territorio muestra la gravedad de esta situación. Según Global Witness, al menos 124 personas defensoras de la tierra y el ambiente fueron asesinadas en 2025. El 85 % de los casos documentados ocurrió en América Latina y 44 de las víctimas eran indígenas.
Detrás de estas cifras hay familias, comunidades y procesos organizativos que enfrentan pérdidas irreparables. Un ataque contra una autoridad o una persona defensora también busca debilitar la capacidad colectiva de denunciar, organizarse y permanecer en el territorio.
La protección debe responder a esa dimensión comunitaria. Requiere prevención, investigación de los ataques, acceso a la justicia y garantías para ejercer la defensa de los derechos sin criminalización.
Desde COICA, el Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas forma parte del trabajo por fortalecer esta agenda. La articulación entre organizaciones, el acompañamiento y el reconocimiento de las formas propias de protección son esenciales para que ninguna comunidad enfrente sola las amenazas.
Organización y derechos para seguir existiendo
Frente a amenazas que atraviesan fronteras, la articulación regional es indispensable. Compartir alertas, fortalecer las redes de defensa y llevar las demandas territoriales a los espacios de decisión amplía la capacidad de respuesta colectiva.
El consentimiento libre, previo e informado debe ocupar un lugar central. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los Estados deben consultar y cooperar de buena fe con sus instituciones representativas para obtener ese consentimiento antes de aprobar proyectos que afecten sus tierras, territorios y recursos.
En este Día de la Resistencia Indígena, desde COICA reafirmamos la necesidad de garantizar los derechos territoriales, proteger a las personas defensoras y reconocer la autonomía de los pueblos. La conservación de la Amazonía y cualquier propuesta de desarrollo deben construirse con una participación indígena efectiva y respeto por las decisiones colectivas.
Después de más de cinco siglos, los pueblos indígenas siguen resistiendo, organizándose y proponiendo caminos para sostener la vida. Esa persistencia no debe convertirse en una excusa para dejarlos solos frente a la violencia.
Defender a quienes defienden el territorio es una responsabilidad colectiva. La Amazonía tiene pueblos, tiene memoria y tiene futuro.