Cada 8 de marzo el mundo conmemora la lucha histórica de las mujeres por la igualdad y la justicia. Sin embargo, para miles de mujeres indígenas de la Amazonía, esta fecha no es solo una jornada de reconocimiento: es también un recordatorio de una violencia creciente que atraviesa sus territorios y amenaza su vida, su dignidad y el futuro de sus pueblos.
Hoy la Amazonía enfrenta una transformación peligrosa. En amplias zonas de la cuenca amazónica —que abarca nueve países y más de 511 pueblos indígenas— las economías criminales se expanden con rapidez, combinando narcotráfico, minería ilegal, tráfico de personas, extracción ilegal de madera y otras actividades ilícitas. Estas redes operan en territorios remotos donde la presencia del Estado es limitada, generando escenarios de violencia, explotación y control territorial.
Diversos informes internacionales advierten que el aumento de la demanda global de cocaína y el incremento del precio del oro han impulsado la expansión simultánea del narcotráfico y la minería ilegal hacia zonas cada vez más profundas de la selva, muchas de ellas territorios indígenas.
En este contexto, las mujeres indígenas se encuentran entre las principales víctimas
Economías criminales que penetran la selva
En Ecuador, la expansión de la minería ilegal y el narcotráfico ha comenzado a afectar zonas amazónicas que históricamente habían permanecido relativamente aisladas de estos circuitos. En 2025, por ejemplo, once militares ecuatorianos murieron en una emboscada durante un operativo contra minería ilegal en la Amazonía, un hecho atribuido a grupos armados vinculados a redes criminales transnacionales.
El crecimiento del narcotráfico también ha impulsado nuevas alianzas entre bandas criminales y economías ilegales, lo que ha intensificado la violencia en el país.
En Perú, el avance de la minería ilegal ha devastado vastas áreas de la Amazonía. Investigaciones recientes señalan que más de 140.000 hectáreas de bosque amazónico han sido destruidas por esta actividad, que además contamina ríos con mercurio y está vinculada a redes de crimen organizado que controlan rutas de transporte y zonas de extracción.
En Colombia, los territorios amazónicos continúan enfrentando la presencia de grupos armados ilegales que surgieron tras la fragmentación de antiguas guerrillas. Estas organizaciones disputan corredores estratégicos para el narcotráfico y ejercen control territorial sobre comunidades aisladas.
Mientras tanto, en Brasil, el garimpo ilegal —la extracción ilegal de oro— se ha convertido en uno de los principales motores de violencia en la Amazonía. Estudios indican que la tasa de homicidios en municipios amazónicos puede ser más de 40 % superior al promedio nacional, debido en gran parte a conflictos vinculados con minería ilegal y redes criminales.
La expansión de estas economías no solo destruye la selva: también fractura el tejido social de las comunidades.
Las mujeres: las primeras víctimas
Cuando las economías criminales penetran en los territorios amazónicos, las mujeres suelen enfrentar las consecuencias más duras.
El narcotráfico y la minería ilegal generan entornos donde proliferan la violencia sexual, la explotación, la trata de personas y la prostitución forzada. En territorios indígenas de Brasil, por ejemplo, investigaciones sobre la crisis humanitaria del pueblo Yanomami documentaron múltiples casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes perpetrados por mineros ilegales.
Estas situaciones no son hechos aislados. Son parte de un patrón que se repite en distintos países amazónicos: la presencia de redes criminales altera la vida comunitaria, introduce armas, alcohol, drogas y nuevas formas de violencia que afectan particularmente a las mujeres.
En muchos casos, además, las mujeres quedan expuestas a amenazas cuando denuncian actividades ilegales o defienden los territorios de sus comunidades.
Una guerra silenciosa en la Amazonía
La expansión de estas economías ilícitas revela una realidad preocupante: la Amazonía se está convirtiendo en un territorio estratégico para el crimen organizado global.
Ríos que durante siglos fueron rutas de vida para los pueblos indígenas hoy también son utilizados como corredores para el narcotráfico. Redes criminales controlan rutas fluviales, campamentos mineros y zonas de extracción, diversificando sus actividades hacia delitos ambientales y tráfico de recursos naturales.
La convergencia entre narcotráfico, minería ilegal y otras economías ilícitas ha creado verdaderos sistemas criminales que operan en múltiples países de la región.
Para los pueblos indígenas amazónicos, esta situación representa una amenaza directa a su existencia.
La defensa del territorio también es defensa de la vida
Desde la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que representa a las organizaciones indígenas de los nueve países amazónicos, advertimos que la expansión de las economías criminales constituye una grave amenaza para la vida de los pueblos indígenas y para la integridad de la Amazonía.
Las mujeres indígenas, en particular, requieren protección urgente frente a esta violencia creciente.
La Amazonía no puede seguir siendo tratada como una frontera vacía donde operan economías ilegales. Es el hogar de cientos de pueblos indígenas y uno de los territorios más importantes del planeta para la biodiversidad y la estabilidad climática global.
Por ello, en este contexto marcado por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, COICA hace un llamado urgente a los Estados amazónicos y a la comunidad internacional a:
- Garantizar protección efectiva para las mujeres, juventudes y niñez del territorio.
- Combatir las economías ilegales que alimentan la violencia en la Amazonía.
- Reconocer y fortalecer la gobernanza indígena como una herramienta clave para proteger los territorios.
Porque defender a las mujeres indígenas de la Amazonía no es solo una cuestión de derechos humanos.
Es también una condición indispensable para proteger la selva más grande del planeta y el futuro de la humanidad.