Cada 20 de febrero, el mundo conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, una fecha clave para reflexionar sobre las desigualdades estructurales que afectan a millones de personas. Para los pueblos indígenas de la Amazonía, esta jornada es una oportunidad para exigir el cumplimiento de sus derechos fundamentales, el reconocimiento de sus territorios y la implementación de políticas que garanticen su bienestar.
Desigualdades estructurales: una barrera para la justicia social
Los pueblos indígenas de la cuenca amazónica enfrentan condiciones de vida precarias debido a la falta de acceso a servicios básicos como salud, educación y agua potable. La pobreza multidimensional en las comunidades indígenas alcanza niveles alarmantes, evidenciando una brecha histórica que los gobiernos no han logrado cerrar.
La falta de acceso a la justicia, la discriminación sistémica y la exclusión de los procesos de toma de decisiones profundizan estas desigualdades. En muchos países amazónicos, las políticas públicas no incluyen una visión intercultural que respete la autonomía de los pueblos indígenas y sus modelos de vida sostenible.
Extractivismo y crisis climática: amenazas a la justicia social
El avance del extractivismo, la deforestación y la minería ilegal en la Amazonía pone en riesgo no solo el ecosistema, sino también la supervivencia de los pueblos indígenas. El desplazamiento forzado y la violencia contra defensores del territorio son una realidad constante. Sin un modelo de desarrollo que respete los derechos indígenas, la justicia social seguirá siendo una deuda pendiente.
Además, la crisis climática afecta de manera desproporcionada a las comunidades indígenas, quienes, pese a ser los principales protectores de la biodiversidad, son los más vulnerables a sequías, incendios forestales y la pérdida de sus territorios ancestrales.
Un llamado a la acción: compromisos urgentes de los gobiernos
En este Día Mundial de la Justicia Social, COICA hace un llamado urgente a los gobiernos de los nueve países de la cuenca amazónica para que tomen acciones concretas que garanticen la equidad y el respeto por los derechos indígenas:
- Reconocimiento y titulación de territorios indígenas para garantizar su autonomía y protección.
- Implementación de políticas públicas interculturales en salud, educación y economía.
- Detención del extractivismo indiscriminado en territorios indígenas y respeto a su derecho al consentimiento libre, previo e informado.
- Participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones a nivel nacional e internacional.
- Participación activa en el órgano subsidiario para los pueblos indígenas dentro del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), para garantizar su rol en la protección de la biodiversidad y el clima.
La justicia social no es solo una declaración de principios, sino una acción concreta que debe traducirse en cambios estructurales. Sin el respeto y la protección de los pueblos indígenas de la Amazonía, no es posible hablar de un mundo justo y equitativo.
Es hora de pasar del discurso a la acción. Los gobiernos deben responder a esta deuda histórica y garantizar que la justicia social también llegue a la Amazonía.