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Representantes de COICA se reúnen con Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de Naciones Unidas

Comunicaciones COICA

En el marco de la Consulta Regional de la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de las Naciones Unidas en el actual contexto de la emergencia climática, representantes de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) participaron de una reunión con el Relator Clément Voule, quien escuchó los mensajes de nuestros líderes, para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en toda la cuenca amazónica.

El evento se llevó a cabo el 7 de mayo y contó con el apoyo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Desde COICA, participaron Tuntiak Katan, vicecoordinador de COICA, Óscar Daza, Coordinador de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC); Tomás Candía, presidente de la  Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB); Avanilson Karajá, representante de Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB); Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y dirigentes de su base subnacional ORAU.

A través de este encuentro, el Relator de la ONU conoció de primera mano los problemas comunes que viven los líderes indígenas por la defensa de sus territorios frente a la imposición de proyectos inconsultos aún en plena pandemia. Más aún, según indicaron la lista de asesinatos en la Amazonía aumentó. Es así que en Colombia el 30 % de asesinatos se encuentran vinculados a la explotación del oro.

Además de los asesinatos, los representantes de COICA mencionaron su preocupación por la criminalización que sufren sus líderes, así como la falta de titulación de sus territorios. Avanilson Karajá señaló: “El gobierno de Bolsonaro viola y hace de todo para criminalizar a los pueblos indígenas de nuestro país. Los líderes son investigados por la Policía Federal. El Gobierno hace de todo para invadir el territorio y violar derechos. Nuestra vida está amenazada porque no tenemos garantizada la tierra, nuestras reservas están siendo violadas”.

En esa línea, Tuntiak Katan señaló que la Amazonía se está convirtiendo en una región de alta peligrosidad para los defensores de derechos: “En América Latina ser defensor no es fácil. Las instituciones judiciales no protegen a los defensores, ahora lo único que queda es unirse entre defensores y con algunas oenegés para hacer la lucha y llegar a instancias internacionales”.

Los representantes de COICA también hicieron mención de que la situación de vulnerabilidad que viven los pueblos indígenas no es algo reciente, sino que es la naturalización de un hecho histórico: “Existen condiciones estructurales que no se pueden cambiar y amenazan a los pueblos indígenas. Los grupos que tienen el poder económico ven a la Amazonía con interés y un enfoque de explotar y aprovecharse de los recursos naturales sin tener en cuenta la vida”, fueron las palabras de Óscar Daza. Más aún, lo que ha ocurrido en el último año es que la reactivación económica los ha puesto en mayor vulnerabilidad, pues mientras se organizan para protegerse de la COVID-19, las empresas ejecutan sus actividades extractivas: “Mientras nos estamos cuidando por la COVID-19, las empresas siguen destruyendo”, señaló Tomás Candía.

Finalmente, se señaló la importancia de la implementación del Acuerdo de Escazú para garantizar la justicia y transparencia ambiental, así como la mejor protección de los defensores indígenas. No obstante, es necesario que se garantice el cumplimiento de los compromisos internacionales de los Estados con los derechos humanos, pues: “Es importante saber que no solo es dar normas, sino acciones concretas para asegurar la protección de los pueblos” así lo indicó Lizardo Cauper.

Desde COICA, esperamos que el documento que viene preparando el Relator para presentar en octubre  en la Asamblea de las Naciones Unidas tome en cuenta nuestras demandas y propuestas para garantizar el ejercicio pleno de nuestros derechos y la protección de las y los defensores.