LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA VENEZOLANA SE PRONUNCIAN FRENTE A LAS AMENAZAS QUE ACECHAN SUS TERRITORIOS.

Comunicaciones COICA

La Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas – ORPIA, junto a sus 13 organizaciones base de la Amazonía venezolana, profundamente preocupados ante las crecientes presiones y amenazas sobre sus territorios, han emitido un comunicado en el que se solicita a los órganos competentes del Estado venezolano ejecutar acciones efectivas que permitan superar las problemáticas existentes que vulneran sus derechos fundamentales.

Los líderes y lideresas indígenas, han denunciado la fuerte presencia de la minería ilegal en sus territorios comunitarios, lo que está produciendo graves problemas socioculturales, vinculados al narcotráfico, enfrentamiento interno, migración y una creciente amenaza y presión sobre las dinámicas culturales y la vida misma de las juventudes indígenas. A esto se suma, la contaminación de sus fuentes principales de agua, con ríos con alta presencia de mercurio y otras sustancias tóxicas, que ponen en riesgo su vida.

El deterioro de la salud en las comunidades indígenas, es otro aspecto que les preocupa altamente, ya que sumado al COVID-19, existe un incremento de casos de malaria, hepatitis, tuberculosis, enfermedades respiratorias y gastrointestinales. 

En este contexto, en cumplimiento de la legislación nacional y tratados internacionales a favor de los pueblos indígenas, se demanda al Estado y sus instancias competentes, las siguientes acciones urgentes:

  • La reactivación del proceso nacional de demarcación, a través del reconocimiento y convalidación de los diferentes proyectos de los diferentes proyectos de autodemarcación realizados por las comunidades y organizaciones indígenas.
  • Realizar acciones pertinentes para el control de actividades ilícitas y la presencia de grupos externos en los territorios indígenas.

Desde COICA nos sumamos a las demandas de nuestros hermanos y hermanas de la Amazonia venezolana y hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional y al gobierno venezolano, para que se emprendan acciones efectivas para la protección y seguridad de los territorios indígenas, enmarcados en nuestros derechos individuales y colectivos. 

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