Crecen Amenazas Para reservas De Indígenas PIACI

Servindi consultó al Ministerio de Cultura su postura sobre la carretera y las medidas que adopta para garantizar que este proyecto vial no afecte a los PIACI de la Reserva Indígena Murunahua, pero se limitaron a señalar que el trayecto visible de la vía solo llega hasta un punto ubicado a 65 kilómetros en línea recta de la reserva y que no han recibido alertas sobre cultivos de coca en la zona. Recientemente la titular de este sector fue cuestionada por proponer la creación de un grupo técnico para evaluar la posibilidad de “flexibilizar” la intangibilidad de las reservas para indígenas aislados.

Un estudio previo sobre las reservas indígenas de Ucayali ya había advertido que la expansión de la deforestación y el narcotráfico podría afectar a la salud, vida y bienestar de los PIACI de la Reserva Murunahua, “pues se corre el riesgo de que los aislados se encuentren con campamentos de sembríos de hoja de coca o con las partidas de narcotraficantes y se produzcan contagios de enfermedades y muertes”.

Ambos territorios están protegidos bajo los principios de intangibilidad territorial y no contacto; la diferencia es que las RT fueron creadas en el marco de la antigua Ley de Comunidades Nativas, y las RI son reconocidas teniendo como marco jurídico la Ley PIACI, promulgada en 2006.

Todas las reservas suman más de 4 millones de hectáreas de bosque amazónico (3,6 % del territorio nacional) y están ubicadas entre los departamentos de Cusco, Madre de Dios, Huánuco, Loreto y Ucayali, siendo esta última región una de las que más reservas alberga en su territorio.

En medio de la polémica propuesta hecha por la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, de crear un grupo técnico para debatir si el carácter intangible que protege a estas reservas se debe “flexibilizar”, Servindi indagó en el estado actual de las reservas de Ucayali, encontrando amenazas latentes que ponen en peligro la vida de indígenas aislados.

El pueblo Chitonahua, también conocido como Murunahua, y el pueblo Mashco Piro son poblaciones que históricamente vivieron asentadas en las cuencas de los ríos de la Amazonía peruana, pero que se vieron forzadas a aislarse tras la traumática experiencia que vivieron durante la época de explotación del caucho que tuvo su auge entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.

Según el Ministerio de Cultura, los enfrentamientos con los caucheros y las epidemias que resultaron de los contactos e intercambios con población foránea, causaron la muerte de muchos chitonahua y obligaron a una parte de ellos a desplazarse hacia zonas más alejadas; mientras que el pueblo Mashco Piro se vio seriamente afectado por el sistema de correrías que los caucheros instauraron cerca de sus asentamientos, mediante el cual se persiguió y capturó a los indígenas, empleándolos como mano de obra para la actividad gomera, lo que provocó que parte de la población se viera también forzada a cambiar de ubicación hacia zonas más alejadas del contacto con foráneos.

Estas poblaciones, hoy protegidas por la Reserva Indígena Murunahua, se ven nuevamente amenazadas, esta vez por el proyecto de carretera Nueva Italia – Breu, que está basado en una antigua carretera forestal que fue construida por la empresa Forestal Venao, a inicios del año 2000.

Pese a estos antecedentes, actualmente la carretera Nueva Italia – Breu se encuentra incluida en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con la categoría de “Red Vial Departamental” y el código UC-105.

La ruta de la carretera propuesta por el MTC tiene una longitud de 184 kilómetros y su estado actual es descrito por indígenas locales como “una trocha carrozable de estado regular a malo que se está abriendo de manera totalmente ilegal”.

En este contexto, el 2 de abril de 2024, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó un dictamen que declara de necesidad pública e interés nacional la pavimentación del corredor vial de esta carretera que abarca la ruta Pucallpa – Nueva Italia – Sawawo – Breu. La iniciativa legal fue propuesta mediante el proyecto de ley N°6960/2023-CR por la congresista de Fuerza Popular, Jeny Luz López Morales y otros.

La asociación civil sin fines de lucro Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) alertó que esta propuesta representa un riesgo para la Amazonía dado que “se superpone con alrededor de 40 comunidades nativas de pueblos indígenas, con la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira y que además incluye la ruta UC-105 de la carretera Bolognesi-Tupac Amaru-Nueva Italia-Puente Sheshea, una carretera ya abierta y en cuyo trazo se ha reportado la presencia de cultivos ilícitos y pistas de aterrizaje identificadas por DEVIDA [Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas] y un estudio de teledetección elaborado por ORAU-Propurús-DAR, respectivamente”.

“Nosotros no estamos siendo consultados. Sabemos que detrás están los intereses de empresarios madereros, de empresarios de palma aceitera y de funcionarios como los alcaldes, porque el interés es de ellos, no de la comunidad. La carretera está trayendo muchas personas foráneas, con interés de manipular a la gente, depredar los bosques y aumentar el narcotráfico. La gran mira de esas personas es traficar hacia Brasil, lo cual afectaría a la comunidad y pondría en peligro a los indígenas más vulnerables de las reservas cercanas. El impacto va a ser fuerte, eso es lo que no se quiere que pase”, dijo a Servindi.

Yurúa, distrito al que pertenece Sawawo Hito 40, es considerada actualmente como ruta del narcotráfico para llevar y traer carga de Perú a Brasil, según indicaron a Servindi fuentes en la zona. Esto ya está acarreando algunos problemas sociales en el distrito, como el consumo y comercialización de drogas en menores de edad y como consecuencia de esto, el aumento de enfermedades como la anemia, la desnutrición y robos al paso, cuenta Carlos Iván Torres, coordinador del sector Yurúa de la asociación ProPurús que lleva tres años trabajando en esta zona.

Aunque esto ya es preocupante, el temor es que las amenazas potenciales que por ahora se ven en zonas colindantes a Yurúa, como en Iparía y Masisea (provincia de Coronel Portillo) o Bolognesi (provincia de Atalaya), donde se sabe que hay narcotráfico, sembríos, extracción de madera ilegal y hasta minería informal, penetren el centro del distrito. 

“Todas estas amenazas son externas por ahora porque están ocurriendo en el contorno de Yurúa, pero son potenciales porque podrían darse aquí en el distrito si se abre el camino para eso y su impacto podría alcanzar a los pueblos indígenas en aislamiento, que serían los más perjudicados. Esa es la preocupación aquí. Si se hace una carretera, el Estado tendría que supervisar su viabilidad, darles garantías a las comunidades, pero sabemos que eso está muy difícil”, añade Torres.

“En el mapa se observa cómo las concentraciones de los cultivos de coca se dan al lado de la carretera UC-105. Si a esto le sumas la información de las pistas de aterrizaje, ahí tienes ya la figura. La proyección es que el avance de estos cultivos se siga dando a lo largo de la vía porque si te das cuenta es un camino directo a la frontera, que quiere decir que estos productos están saliendo de Perú a Brasil o viceversa”, señala la especialista. 

Consultado sobre la carretera, el Ministerio de Cultura (Mincul) señaló a Servindi que, si bien los registros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indican que es una trocha carrozable que llega hasta Breu, “imágenes satelitales muestran que el trayecto visible llega solo hasta el río Sheshea y 20 kilómetros más al este, ubicándose a unos 65 kilómetros en línea recta de la Reserva Indígena Murunahua (RIM)”.

Además, en su respuesta indican que, hasta el momento, la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (DACI) no ha recibido alertas sobre cultivos de coca en la zona y que, en 2022, DEVIDA indicó que el cultivo de coca más cercano a la RIM estaba ubicado a unos 85 kilómetros.

Como recoge este reportaje, la alerta de indígenas en la zona es que la ruta Nueva Italia – Breu es una “trocha carrozable de regular a malo que se está abriendo de manera totalmente ilegal” y que, de concretarse pondría en peligro la vida de PIACI del Murunahua. Además, dada las evidencias, todo indica que la expansión de cultivos de coca se irá prologando a lo largo de la ruta conforme avance esta carretera. ¿Se tiene que esperar a que las amenazas sean más cercanas para recién actuar?

Sobre las medidas que está tomando el Mincul para garantizar la protección de indígenas aislados en reservas de Ucayali frente al avance de amenazas como la deforestación, tala ilegal y narcotráfico, el sector señaló que “mantiene constante comunicación e información con las entidades competentes en la lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas como son el Ministerio del Interior, el Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas, DEVIDA, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú”.

En esa línea, señalaron que desde fines del 2022 se ha convocado a reuniones a las entidades competentes en la atención de estas amenazas. La última reunión se realizó el 27 de marzo de 2024, con carácter de urgencia, a fin de presentar las “alertas activas” identificadas durante el primer trimestre del 2024 en ámbitos con presencia de PIACI, principalmente en las provincias de Atalaya, Callería, Yurúa y Padre Abad en el departamento de Ucayali, y Puerto Inca en el departamento de Huánuco.

“En esta última reunión desde el Ministerio de Cultura se propuso la conformación de un Grupo de Trabajo de naturaleza temporal encargado de implementar acciones intersectoriales para la atención urgente de estas alertas, incluidas aquellas que podrían darse, también, en torno a caminos forestales. Desde el Ministerio de Cultura se cuenta con el informe técnico legal para la conformación del grupo de trabajo el cual debe ser remitido a los entes competentes en las próximas semanas”, indicó el sector a Servindi.

“[…] las comunidades que viven ahí necesitan tener servicios básicos, eso no significa que sean intangibles, creo que también es flexibilizar, de pronto, algunas autorizaciones totalmente formales y los esquemas de intervención que tiene el Estado. Me permito hacer una propuesta de tener un grupo técnico que pueda debatir y conversar, respecto aquellos casos en que sí nos preocupa”, dijo la ministra el 30 de abril de 2024 en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.

La intangibilidad es un principio fundamental para asegurar la protección de los territorios y los derechos culturales de los PIACI. El carácter intangible de las reservas indígenas, según el artículo 5 de la Ley N° 28736 (Ley PIACI) promulgada en el año 2006, supone que dentro de ellas no pueden establecerse asentamientos poblacionales distintos a los de los pueblos indígenas que los habitan, que está prohibido la realización de actividades distintas al de los usos y costumbres de los habitantes indígenas, que no se otorgarán derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales, salvo el que realicen con fines de subsistencia los pueblos que las habiten, y que los pueblos indígenas que las habitan son los únicos y mancomunados beneficiarios de la reserva. ¿Cuál de estos puntos es el que buscaba “flexibilizar” la ministra?

Si bien la ministra no ha vuelto a referirse a su propuesta públicamente, mediante sus redes sociales el Ministerio de Cultura (Mincul) reafirmó el “estricto cumplimiento de la intangibilidad de las Reservas Indígenas y Territoriales” y aclaró que el ingreso a las reservas contempla un régimen excepcional, únicamente a entidades estatales para garantizar, por ejemplo, la provisión de servicios y programas sociales para pueblos en contacto inicial, algo que ya está establecido en el artículo 6 de la Ley PIACI y no ameritaría la instalación de un grupo para “flexibilizar” la intangibilidad de las reservas, como propuso la ministra. Servindi también envió correos al Ministerio de Cultura pidiendo mayor precisión sobre la propuesta hecha por la ministra, pero nos respondieron lo mismo.

“Hablar de flexibilizar las reservas cuando hay tantas empresas y personas dedicadas a actividades ilícitas que quieren disponer de esos territorios, inclusive políticos, grupos económicos, que tienen esa expectativa para satisfacer sus intereses, es muy peligroso. Lo que el Estado peruano debe hacer es fortalecer la intangibilidad de las reservas; y está obligado a hacerlo, la propia legislación establece una serie de disposiciones en ese sentido. La protección se debe fortalecer, no debilitar. De ninguna manera se debe aceptar ese tipo de planteamientos, hay que rechazarlo y ejercer toda la incidencia necesaria para que las reservas tengan un mayor nivel de protección”, opina la antropóloga Huertas.

Tras la polémica desatada por la ministra, el Mincul decidió responder a una de las demandas más urgentes de las organizaciones indígenas y el 22 de mayo publicó el decreto que crea oficialmente la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental (Kapanawa), una de las seis reservas que se encontraba en proceso de solicitud, en este caso por casi 20 años. Semanas después, el 7 de junio, la ministra Urteaga viajó hasta Loreto y se reunió con representantes de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), adoptando acuerdos a favor de los PIACI. Estos hechos, de momento, son tomados por las organizaciones indígenas como una muestra de voluntad de la ministra para trabajar a favor de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial. ¿Será suficiente para proteger la vida de esta población? Los hechos siguientes lo dirán.

01 Julio 2024

Este informe fue elaborado por servindi con el apoyo de Earth Journalism Network.

Créditos: servindi.org