13 Años de Lucha y Dignidad: La Unidad Indígena Protegiendo el Territorio Sagrado del TIPNIS

Hace 13 años, los pueblos indígenas de tierras bajas del Beni fueron víctimas de una brutal represión policial durante la marcha indígena en Chaparina. Esta movilización fue crucial para evitar que el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fuera dividido por la construcción de una carretera. En la octava marcha indígena, se exigió diálogo con el gobierno de aquel entonces, pero en su lugar, se enviaron ministros en un fallido intento de frenar la protesta. El 25 de septiembre de 2011, ancianos, mujeres y niños fueron gasificados, maniatados y golpeados, mientras buscaban, a través de su marcha pacífica, detener la construcción que atravesaría el corazón del área protegida.

 

La VIII marcha indígena de 2011 en Bolivia fue más que una protesta, fue un grito desesperado por justicia y dignidad que aún, después de más de una década, sigue resonando en la memoria colectiva de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana. Esta marcha, protagonizada por los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), se gestó ante la imposición de un proyecto carretero que no solo ignoraba los derechos fundamentales de consulta previa, libre e informada, sino que también atentaba contra la misma existencia de un ecosistema vital para el país y el mundo.

 Chaparina: El Día que el Estado Atacó a su «Reserva Moral»

El 25 de septiembre de 2011, en la localidad de Chaparina, la brutal represión del gobierno alcanzó su punto más bajo. Mujeres, ancianos y niños, que marchaban pacíficamente en defensa de su territorio, fueron atacados sin piedad por fuerzas policiales que, obedeciendo órdenes superiores, no dudaron en emplear gas lacrimógeno, golpizas y arrestos indiscriminados. Bolivia y el mundo fueron testigos del abuso estatal hacia aquellos a quienes se habían llamado «la reserva moral del país». 

Hoy, la herida de Chaparina sigue abierta. A pesar del clamor de justicia, de los informes nacionales e internacionales que denunciaron la flagrante violación de derechos humanos, el Estado boliviano ha mantenido un silencio cómplice. No ha habido reparación, no ha habido justicia. Los responsables de la represión no han sido procesados, y las promesas de respeto y protección al TIPNIS se han diluido en la retórica política.

Es alarmante el número de leyes que se han aprobado en pro del extractivismo en la Amazonía Boliviana en la última década, en 2017, la abrogación de la Ley N° 180 de Protección del TIPNIS, mediante la Ley N° 969, reafirmó el distanciamiento del gobierno de sus compromisos con los pueblos indígenas. En lugar de proteger el territorio sagrado, la administración de ese entonces, optó por abrir las puertas a la explotación hidrocarburífera y la expansión de proyectos de infraestructura que amenazan directamente la vida de las comunidades que habitan en el TIPNIS. Este acto representa una traición a la lucha histórica de los pueblos indígenas y a los principios fundamentales de la vida.

El proyecto carretero que originó la marcha en 2011 no solo significaba una invasión territorial, sino una violación a la identidad y cultura de los pueblos que dependen del TIPNIS. La ironía de la situación es desgarradora: mientras el estado enarbolaba su bandera de defensor de la naturaleza, se firmaban acuerdos de para construcción de carreteras y apertura a zonas protegidas para la explotación hidrocarburífera. En pleno 2024 en donde los abanderados de la justicia ambiental y los derechos de los pueblos originarios estan en boga, es importante recordar , como parte del proceso de memoria de los pueblos indigenas,13 años después, el estado no llega al territorio con actos de justicia. La impunidad prevalece, y la amenaza a las comunidades indígenas continúa. 

miercoles 25 sep 2024

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