El Baguazo: 15 Años Después, La Lucha por Justicia Continúa
Este año se cumplen 15 años del Baguazo, una masacre de nuestros hermanos indígenas peruanos que no podemos permitir olvidar, en nombre de las víctimas que aún buscan justicia y reparación.
Este año se cumplen 15 años del Baguazo, una masacre de nuestros hermanos indígenas peruanos que no podemos permitir olvidar. En nombre de las víctimas que aún buscan justicia y reparación, recordamos este trágico episodio.
El 5 de junio de 2009, en Utcubamba, Amazonas, las organizaciones indígenas realizaban un paro en oposición a varios decretos legislativos que facilitaban la explotación de recursos naturales en sus territorios sin su consentimiento. Las fuerzas del estado peruano, encabezadas por el entonces presidente Alan García, decidieron desalojar de manera violenta y con el uso desmedido de la fuerza a los pueblos que ejercían su derecho a la protesta, lo que resultó en la trágica pérdida de 33 vidas humanas.
El conflicto que estalló en Bagua fue el resultado de una política enmarcada en la ejecución del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en la que se priorizaba el desarrollo económico a expensas de los derechos de los pueblos indígenas y la protección ambiental. Esto se hizo sin tener en cuenta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Perú, que protege el derecho de consulta a los pueblos indígenas. Mientras se rompía este mecanismo internacional de participación basado en el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, se aprobaban decretos legislativos que disponían sobre las tierras de las comunidades y los mecanismos de participación de los pueblos.
Por ejemplo, el decreto 1015 permitía la cesión de tierras con la aprobación de solo la mitad de la asamblea comunal. Con decretos como el 1090, se permitía la propiedad sobre tierras forestales del estado, abriendo paso a que estas tierras pudieran ser otorgadas en propiedad a compañías y al libre mercado. Esto facilitó una voraz entrada de intereses extractivistas en la Amazonía peruana.
La ocupación minera de una zona protegida en la megadiversa Cordillera de Cóndor por parte de la minera Afrodita avivó aún más la protesta. La minera se negó repetidamente a retirarse del territorio indígena, lo que aumentó la indignación de los pueblos indígenas awajún y wampis, mostrando una vez más la desconexión entre el gobierno y los pueblos originarios.
La brutalidad con la que actuó la policía para desalojar el bloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry desató un enfrentamiento de varios días, que resultó en la muerte de numerosos indígenas y civiles que se manifestaban. Este hecho demostró el poco interés del estado por proteger los derechos indígenas. Aún resuenan en la Amazonía peruana las palabras del expresidente Alan García, quien, demostrando el poco respeto del Estado hacia la legítima lucha de los pueblos, se atrevió a decir ante las cámaras: “Estas personas no son ciudadanos de primera clase.”
15 Años Después, La Lucha por Justicia Continúa
Después de 15 años del llamado “Baguazo”, aún hoy se siguen superponiendo los intereses económicos sobre el despojo territorial y el cuidado de la vida, permitiendo que las leyes favorezcan a los intereses extractivistas en la Amazonía. A pesar del tiempo transcurrido, la justicia aún no es completa para las víctimas del Baguazo.
Tras estos sucesos, se abrieron nueve procesos judiciales, la mayoría de los cuales han sido resueltos. En 2016, se condenó a 25 policías por homicidio calificado y lesiones graves. En 2018, se dictó la absolución de 53 indígenas acusados por los mismos delitos. La sentencia más reciente se dio en 2023, cuando se condenó a dos generales de la policía nacional por ocho de las muertes. En todos los casos, las penas y montos establecidos para las reparaciones civiles no han cumplido las expectativas de las víctimas ni representan sentencias históricas. Además, el Estado peruano fue declarado tercero civilmente responsable de la masacre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Baguazo sigue siendo un recordatorio de la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos y de la necesidad de un desarrollo económico que respete la vida y los territorios de las comunidades originarias
